Asesorías de empresa en Xàtiva con los mejores profesionales

La Agencia Tributaria ha publicado de manera provisional el calendario de la Renta para este 2020. Es bueno  empezar a preparar toda la documentación para hacer frente a los posibles imprevistos.

Expansión.com

Actualizado: 30/05/2018 10:57 horas

Uno de los miembros de un matrimonio pueda renunciar a la devolución al hacer la declaración de la Renta para compensar los ingresos del cónyuge.

La Ley contempla la posibilidad de que uno de los miembros de un matrimonio pueda renunciar a la devolución al hacer la declaración de la Renta para compensar los ingresos del cónyuge, según el artículo 97.6 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (RIRPF) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) que regula la suspensión del ingreso de la deuda tributaria y renuncia al cobro de la devolución.

Así, los contribuyentes casados y no separados legalmente que presenten dos declaraciones individuales, una con resultado a ingresar y otra a devolver, pueden solicitar la suspensión del ingreso y la renuncia al cobro de la devolución en la cuantía que permita aplicar el importe de la devolución al pago del ingreso.

El procedimiento consiste en que el cónyuge que tiene derecho a la devolución renuncia a ella (hasta el importe de la deuda a ingresar por el otro cónyuge), aplicando su importe al ingreso que correspondería realizar al otro cónyuge, que por su parte suspende cautelarmente dicho ingreso en la parte concurrente e ingresa solamente, en su caso, el exceso.

La suspensión del ingreso de la deuda tributaria deberá solicitarse por ambos cónyuges, y tendrá carácter provisional hasta tanto se reconozca por la Administración Tributaria el derecho a la devolución a favor del otro cónyuge. Si la cuota a ingresar de uno de los cónyuges fuera superior a la cuota a devolver del otro, el primero podrá fraccionar la diferencia en dos plazos del 60% y 40% conforme al procedimiento general de fraccionamiento.

*Fuente: Reaf-Regaf, el órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas

Expansión.com

Actualizado: 29/05/2018 11:36 horas

Los contribuyentes han de declarar en el IRPF cualquier actividad económica, esto es, cuando un contribuyente ordena por cuenta propia medios de producción y recursos humanos para intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios, según estipula la Agencia Tributaria.

La actividad de arrendamiento de bienes inmuebles se califica de económica siempre que para ello cuente con un local dedicado exclusivamente a esta finalidad y además se tenga al menos una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.

Existen cuatro modalidades de régimen para determinar el rendimiento de las actividades económicas, según la legislación: incompatibilidad entre regímenes, renuncia y exclusión; Estimación Directa Normal; Estimación Directa Simplificada y Estimación Objetiva. Así, se pueden dar diferentes supuestos:

Un particular tiene un local que alquila a un profesional para el ejercicio de su actividad. ¿El alquiler es una actividad económica para el arrendador-propietario del local?

Para que el arrendamiento de inmuebles sea considerado como actividad económica para el arrendador, éste debe contar, al menos, con una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. En caso contrario, la renta obtenida por el alquiler del local se considerará rendimiento de capital inmobiliario y no como actividad económica.

Un particular tiene un bar en el que trabaja su mujer y su hijo de 17 años, ¿podría deducirse la nómina de ambos para el cálculo del rendimiento de actividades económicas (en estimación directa) de IRPF?

Para poder deducirse ambos sueldos, el de su mujer y su hijo, deben trabajar habitualmente y con continuidad en el bar, convivir con el contribuyente -titular del negocio- y estar afiliados a la Seguridad Social con el correspondiente contrato laboral.

Los sueldos no podrán ser superiores a los del mercado, en cuyo caso, el exceso no será gasto deducible para el contribuyente.

Un empresario, contribuyente por IRPF, ha vendido uno de los almacenes afectos a su actividad económica, generando una plusvalía de 10.000 euros, ¿debe incluir dicha plusvalía en los rendimientos íntegros de la actividad económica?

No, las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de elementos patrimoniales afectos a la actividad económica no se incluyen en los rendimientos de ésta, sino que tributan como ganancias y pérdidas patrimoniales a incluir en la base del ahorro del Impuesto.

*Fuentes: Agencia Tributaria y Reaf-Regaf

Renta 2016: ¿Necesito un asesor fiscal?

Presentar la declaración de la renta a través del programa Padre ya no será posible. El adiós del tradicional programa para hacer la declaración es la principal novedad de la campaña que empieza el próximo 5 de abril. Le sustituye el sistema Renta Web, que empezó su andadura el año pasado sin estar disponible para las rentas de actividades económicas. En esta edición se amplía a todos los contribuyentes.

El antiguo programa informático, que era indispensable para desentrañar las situaciones fiscales más complejas y requería una actualización cada año, será suplantado definitivamente por una plataforma que le ofrece una propuesta de declaración por vía telemática. Esta herramienta recopila todos los datos personales y fiscales en manos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y permite actualizarlos en caso de error u omisión de algún dato. Aunque cada año se intenta simplificar la tramitación de las declaraciones, siempre surge la pregunta: ¿Existen situaciones en las que resulta ventajoso recurrir a un asesor fiscal?

Cita con la Agencia Tributaria

La declaración para liquidar el impuesto sobre la renta (IRPF) se puede presentar personalmente desde el 11 de mayo hasta el 26 de junio en entidades colaboradoras, comunidades autónomas y oficinas de la AEAT, si el resultado es a ingresar con domiciliación en cuenta bancaria; o hasta el 30 de junio en los demás casos.

Quien no quiera o no pueda utilizar el sistema Renta Web, que estará disponible desde el 5 de abril, puede pedir cita para solicitar ayuda presencial en una de las oficinas de la AEAT de la comunidad autónoma en la que resida a partir del 4 de mayo y hasta el 29 de junio, según un calendario provisional que manejan los expertos. Sin embargo, desde la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) recuerdan que “basándonos en los criterios publicados en campañas anteriores, solo podrán ser atendidos en el servicio de cita previa los contribuyentes con rentas del trabajo inferiores a 65.000 euros brutos anuales o rentas del capital mobiliario inferiores a 15.000 euros brutos anuales”.

Los que ejerzan actividades económicas en régimen de estimación directa, o hayan realizado más de dos transmisiones patrimoniales, o tengan más de un inmueble arrendado, tampoco podrán acudir a la cita previa. Quedan excluidos de este servicio los contribuyentes que tienen rentas derivadas de regímenes especiales, salvo las rentas derivadas de entidades en régimen de atribución de rentas e imputaciones de rentas inmobiliarias, y los que están obligados a declarar por el impuesto sobre Patrimonio.

Actividades económicas

Los agentes tributarios, en definitiva, solo atenderán los casos más sencillos, que suelen ser las rentas del trabajo, puesto que prácticamente solo requieren un certificado de retenciones del IRPF, intereses y poco más, según la portavoz de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget), María Dolores Ortega. Algo que se puede despachar en unos 15 o 20 minutos.

Por el contrario, los autónomos tienen que reflejar en la declaración de renta los gastos y los ingresos del ejercicio del año pasado a través de un balance abreviado. “Son datos que no se pueden extraer de ningún tipo de borrador de la Agencia Tributaria, porque se llevan en la contabilidad de cada autónomo”, explica Ortega. Esto supondría dedicarle un tiempo del que los agentes tributarios no disponen.

Ganancias patrimoniales

El borrador de la AEAT se basa únicamente en los datos a los que la agencia tiene acceso: catastro, rendimientos del trabajo, de intereses bancarios, y retenciones de profesionales y por alquileres. Todo lo que no se encuentre en la base de datos de la Agencia Tributaria, como por ejemplo una ganancia patrimonial, tiene que ser declarado por el propio contribuyente, pero “requiere un estudio muy especializado y un conocimiento bastante más amplio del que tienen los agentes”.

Situaciones familiares e inversores

En el caso de una persona que está divorciada, habrá que aclarar qué tipo de pensión compensatoria pasa al ex cónyuge, señala Ortega, así como si está pagando un alquiler de una vivienda habitual y también una hipoteca, con el objetivo de determinar las deducciones que le correspondan y que suelen escaparse al filtro de la AEAT. “Tampoco ahondan en la compraventa de productos financieros”, afirma, “o en la posibilidad de compensar las pérdidas de ejercicios anteriores con los beneficios del último, en determinados casos”.

Otras situaciones que dan derecho a deducciones de las que muchos contribuyentes no suelen estar avisados, según la portavoz de Asefiget, son la reforma de las viviendas ocupadas por minusválidos y los gastos para la educación, como por ejemplo la compra de uniformes o la contratación de clases de idiomas.

Una mirada global al ejercicio fiscal

Más allá de los contribuyentes que no tienen acceso al servicio de ayuda de la AEAT para confeccionar su declaración, y para los que es necesario acudir a un asesor fiscal, las recomendaciones de un profesional pueden ser útil a la hora de recordar determinadas deducciones y otros beneficios fiscales que varían según la situación personal concreta o del lugar en el que se reside. “Por ejemplo, la deducción por alquiler sigue vigente en algunas Comunidades Autónomas, con requisitos distintos en cada una de ellas”, señalan desde la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). “Teniendo en cuenta que la normativa que regula el IRPF es cada vez más compleja, en muchos casos también es necesario contar con la asistencia de un experto que no sólo conozca la norma, sino también los últimos criterios interpretativos sobre la misma de la propia Administración y de los Tribunales”, subrayan.

Si “en Hacienda van a lo básico”, el asesor fiscal “mira globalmente la situación tributaria del contribuyente, resaltando lo que haya podido surgirle durante el ejercicio fiscal”, dice María Dolores Ortega, portavoz de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget). A lo largo de una entrevista con su cliente, no solo se asegurará de que tribute en la Comunidad Autónoma en la que ha estado residiendo, en el caso de que se haya mudado, sino que “buscará la manera, dentro de la legalidad, de que pague la menor cantidad posible de impuestos, acogiéndose a todas las deducciones y bonificaciones a la que tenga derecho”. Por ello, cobrará desde 40 euros hasta 200 o 300 euros, “en función de la complejidad de la declaración que tiene que elaborar”.

EL PAIS

El 2 de octubre de 2016 es la fecha de entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Esta ley obliga, entre otros, a las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Entre las entidades sin personalidad jurídica se incluyen las comunidades de bienes, las herencias yacentes y las comunidades de propietarios.

Esta relación electrónica comprende tanto las notificaciones como la presentación de documentos y solicitudes a través de registro.

La presentación de declaraciones y autoliquidaciones se continuará haciendo como hasta ahora, por no estar afectada por la Ley 39/2015.

Las presentaciones de documentos y solicitudes dirigidos a la Agencia Tributaria deben realizarse obligatoriamente a través del registro electrónico (www.agenciatributaria.gob.es).

En el ámbito aduanero, todos los operadores económicos (personas físicas o jurídicas que se relacionan con la Administración para la aplicación de la legislación aduanera en el desarrollo de una actividad profesional) deben efectuar la presentación de los documentos y solicitudes previstos en la legislación aduanera obligatoriamente a través del registro electrónico (www.agenciatributaria.gob.es), excluyéndose únicamente las excepciones establecidas en el Código Aduanero de la Unión y en los Reglamentos que lo desarrollan.

El incumplimiento de esta obligación puede ser constitutivo de la infracción tributaria prevista en el artículo 199 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que establece la imposición de una sanción consistente en multa pecuniaria fija de 250 euros.

Se excluyen de esta obligación de presentación por vía electrónica las excepciones previstas en el resto de la normativa vigente que obligan a la presentación en papel o soporte físico (originales de avales, documentos notariales, judiciales, etc.).

Noticia publicada por la Agencia Tributaria